Las denuncias penales contra servidores públicos en Tamaulipas siguen a la orden del día, tan solo en el mes de julio se levantaron 48 nuevos expedientes en el apartado de delitos contra bienes jurídicos afectados que realiza el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, precisando que en total en el primer semestre del año ya van 264 denuncias formales de este tipo.
Es de mencionar que en el artículo 226 del Código penal se establece que.- comete el delito de ejercicio abusivo de funciones:
I.- El servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, o a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos, o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte;
Asimismo está el delito de uso indebido de atribuciones y facultades; de ello marca el artículo 222, que comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades:
I.- El servidor público que dolosa e indebidamente:
a).- Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamientos y uso de bienes de dominio del Gobierno Estatal o Municipal;
b).- Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico;
c).- Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos, o prestados en la administración pública del Estado y los Municipios;
d).- Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos.
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