Cuando un abogado que se desempeña como servidor público municipal se niega a recibir una petición de un ciudadano, incurre en una responsabilidad administrativa y penal, convirtiéndose legalmente en un infractor de la ley y en un sujeto de sanción.
Consecuencias Legales
Al rechazar un escrito, el servidor público viola flagrantemente el Artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual garantiza el Derecho de Petición. Debido a esto, su conducta se encuadra en las siguientes figuras:
- Infractor administrativo: De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el funcionario comete una falta administrativa por no cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, lo que puede resultar en amonestaciones, suspensiones o la inhabilitación de su cargo.
- Imputado por abuso de autoridad: En el ámbito penal, la mayoría de los códigos penales estatales tipifican esta conducta como el delito de Abuso de Autoridad o Incumplimiento de un Deber Legal. al negar un servicio o trámite al que el ciudadano tiene derecho, el servidor público se expone a sanciones que van desde multas hasta penas de prisión.
¿Qué puede hacer el ciudadano?
Si te encuentras en esta situación, puedes tomar las siguientes acciones de manera inmediata:
- Denunciar ante el Órgano Interno de Control (OIC): Acude a la Contraloría Municipal para interponer una queja formal por el incumplimiento de las obligaciones del servidor público.
- Presentar una queja ante Derechos Humanos: La negativa a recibir una petición vulnera tus derechos fundamentales, por lo que la Comisión de Derechos Humanos de tu estado puede emitir una recomendación contra la dependencia.
- Promover un Juicio de Amparo Indirecto: Un juez federal puede ordenar de inmediato a la autoridad municipal que reciba y dé respuesta a tu escrito por la violación al artículo 8° constitucional.
La violación de las leyes esta tipificada desde diferentes ángulos, pero algo que resulta claro es que los servidores públicos no son inmunes ni impunes ante la ley y que siempre hay formas de proceder en su contra, para que paguen por los abusos que cometen en el desempeño de sus funciones.
