CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el contexto de la virtual discusión de la crisis de desapariciones en México en la Asamblea General de Naciones Unidas, colectivos de familiares de personas desaparecidas, expertos y académicos presentaron una propuesta a los países que integran el organismo multilateral para brindar “cooperación internacional, apoyo técnico y financiero” con el fin de atender la situación que rebasa las 135 víctimas de desaparición y persistencia de al menos 72 mil cuerpos sin identificar bajo el resguardo de fiscalías federal y estatales.
En una comunicación remitida a los países miembros de la ONU, los firmantes recordaron que el 12 de mayo pasado, el secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, remitió la nota A/80/737 a todos los países miembros de la Asamblea General ONU informando la decisión del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) sobre la activación del artículo 34 de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas para el caso de México.
El documento fue respaldado por 44 colectivos de familiares de personas desaparecidas; 112 familiares directos; 63 organizaciones de derechos humanos, y 51 activistas y académicos, quienes anunciaron que promoverán reuniones con misiones diplomáticas en Nueva York y con expertos independientes de Naciones Unidas, así como organizar espacios de diálogo con familiares de víctimas.
Recordaron que el CED tomó esa decisión al considerar que “existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado en México como crímenes de lesa humanidad”, por lo que solicitó que la Asamblea analizara “brindar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que México requiera en las áreas de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado”.
Asimismo, el CED pidió a la Asamblea considerar “establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyan”.
En su mensaje, los colectivos de familiares de personas desaparecidas lamentaron que en este proceso el gobierno de Claudia Sheinbaum “ha interpretado la resolución del CED como un ataque y la Cancillería y la Secretaría de Gobernación han manifestado reiteradamente que el gobierno no está de acuerdo con el procedimiento activado” por este órgano de tratado “pues considera que no se sustenta la presunción de que existe una práctica generalizada y sistemática de desaparición forzada en el territorio nacional”.
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