Para algunas personas en Tamaulipas, encontrar casa no depende del precio de la renta. Depende de a quién aman o de cómo deciden vivir su identidad. Se les discrimina por tener preferencias sexuales distintas y se enfrentan a barreras marcadas por prejuicios.
De acuerdo con el Atlas de las Personas LGBTTTIQ+, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Tamaulipas el 51.01% de los mayores de 60 años señaló que no estaría dispuesto a rentar una vivienda o cuarto a una persona de la diversidad sexual.
Aceptación social incompleta pese a avances legales
Aunque el matrimonio igualitario ya es legal en Tamaulipas, la aceptación social dista de ser plena. La más reciente Encuesta Nacional de Discriminación, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestra que 57% de la población rechaza que dos personas del mismo sexo vivan juntas como pareja.
Los prejuicios también han llegado a las escuelas. En Matamoros, padres de familia bloquearon un plantel para protestar contra dos maestras que mantenían una relación sentimental, un caso que derivó en una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.
Exclusión estructural desde el hogar hasta el trabajo
La vida de los integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ está marcada por exclusiones que comienzan muchas veces dentro del hogar y continúan en la escuela. Se reproducen en el mercado laboral y terminan reflejándose en indicadores de pobreza, precariedad y falta de acceso a servicios de salud.
Muchas mujeres trans abandonan sus estudios después de enfrentar rechazo y violencia en sus entornos escolares. Después, el desempleo las empuja hacia la informalidad o el trabajo sexual, alejándolas de derechos básicos como la seguridad social, el acceso a la vivienda o una pensión.
Una historia de rezago institucional
Tamaulipas fue el último estado del país en reconocer el matrimonio igualitario, lo que obligó a muchas parejas a promover amparos para casarse. Para la comunidad LGBTTTIQ+, ese dato es la evidencia de una historia marcada por décadas de discriminación, invisibilidad institucional y resistencia al reconocimiento de sus derechos.
Activistas consideran que, cuatro años después, los prejuicios continúan presentes, la discriminación persiste y muchos siguen ocultando su orientación sexual o identidad de género para evitar rechazo, agresiones o consecuencias laborales.
Leyes recientes y rezagos pendientes
En marzo de este año se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley para el Reconocimiento y Atención de las Personas LGBTTTIQ+, aprobada desde el 2025, que establece las bases para que todas las autoridades promuevan, protejan y garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos de esta población.
Esta ley reconoce derechos fundamentales relacionados con la identidad, la salud, la educación, el trabajo, la participación política y una vida libre de discriminación y violencia. Fue presentada como un paso hacia la visibilización e inclusión de este grupo en la vida pública y social.
Milenio
