La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó ayer que cuatro ex servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Banco del Bienestar (Banbien) fueron sancionados con inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas luego de que investigaciones de los Órganos Internos de Control acreditaron “faltas administrativas graves”.
En un comunicado, la dependencia señaló que las resoluciones fueron emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tras las indagatorias realizadas en ambas instituciones. “Violar la ley tiene consecuencias”, sostuvo la secretaría al dar a conocer las sanciones contra los ex funcionarios.
En el caso del SAT, el Órgano Interno de Control investigó a un servidor público por la “asignación irregular de citas para trámites utilizando datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial” de la institución.
La dependencia detalló que Víctor R, ex subadministrador de Servicios al Contribuyente del SAT, fue inhabilitado por un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Respecto al Banbien, la Secretaría Anticorrupción indicó que se acreditaron irregularidades cometidas por tres ex servidores públicos. Dos de los casos estuvieron relacionados con “el retiro de recursos de cuentas bancarias sin consentimiento de las personas cuentahabientes”, por un monto superior a 275 mil pesos.
Otro de los implicados incurrió en “la realización de conciliaciones con información no verídica”.
Las sanciones más severas fueron impuestas a Juan D., ex subjefe de área; Orlando P., ex auxiliar de sucursal, y Marco M., ex asistente administrativo de Banbien, quienes recibieron inhabilitaciones por 10 años, además de sanciones económicas. Las multas aplicadas, precisó la dependencia, van de 25 mil a 250 mil pesos.
La secretaría subrayó que los sancionados “tienen derecho a impugnar”, aunque advirtió que defenderá las resoluciones “con la misma firmeza con que fueron investigados los casos: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo el interés público”.
Añadió que “quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias”, y llamó a la ciudadanía a denunciar posibles actos de corrupción en el sector público.
La Jornada
