La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas abrió 50 carpetas de investigación en los últimos cinco años por presuntos delitos cometidos en centros de rehabilitación o anexos.
De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, entre 2021 y 2025 se iniciaron dichas indagatorias por posibles actos ilícitos al interior de estos establecimientos: siete en 2021, 17 en 2022, 14 en 2023, nueve en 2024 y tres el año pasado.
En días pasados, el Congreso del Estado aprobó en comisiones un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud y a los 43 ayuntamientos reforzar la verificación y supervisión de estos centros, a fin de garantizar que operen conforme a la normativa vigente.
El mes anterior, el coordinador estatal de Coepris, Mario Rebolledo, señaló en Ciudad Victoria que, de un padrón de 58 establecimientos, seis de cada diez se encuentran fuera de norma. Indicó que se han detectado condiciones de hacinamiento, deficiencias sanitarias y quejas por malos tratos, aunque no se han realizado clausuras, sino únicamente 14 suspensiones para no afectar a las personas que ya reciben atención.
La Comisión de Salud del Congreso exhortó a supervisar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, relativa a la prevención, tratamiento y control de las adicciones.
En la exposición de motivos, los legisladores subrayaron que el consumo de sustancias psicoadictivas representa un problema de salud pública que requiere políticas integrales de prevención, tratamiento y rehabilitación, así como la supervisión de los establecimientos que brindan estos servicios.
Se advirtió que, aunque estos centros tienen como finalidad atender a personas con adicciones, deben operar bajo estándares que garanticen el respeto a los derechos humanos, la dignidad y la integridad de los usuarios.
Asimismo, se destacó la importancia de contar con infraestructura adecuada, personal capacitado, modelos de atención apropiados y mecanismos de supervisión. En este sentido, se señaló que corresponde a la Secretaría de Salud estatal y a los ayuntamientos realizar acciones de inspección, verificación y, en su caso, aplicar medidas correctivas.
“La supervisión periódica de los centros de rehabilitación resulta fundamental para prevenir irregularidades, malas prácticas o violaciones a los derechos humanos, así como para asegurar que operen conforme a la normatividad”, se expuso.
Finalmente, se consideró procedente fortalecer las acciones de vigilancia sobre estos centros, con el objetivo de garantizar la adecuada prestación de servicios, proteger la salud pública y salvaguardar los derechos de las personas usuarias.
Milenio
