En el segundo mandato de Donald Trump se ha observado que las detenciones de inmigrantes de origen latino sin antecedentes penales dentro de Estados Unidos han aumentado seis veces, en comparación con el último año del gobierno de Joe Biden, de acuerdo con un reporte de la Universidad de California. En tanto, un informe del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse, señala que en los primeros meses de 2026 sólo 2 por ciento de los casos resueltos por las cortes migratorias estadunidenses corresponden a extranjeros con antecedentes penales.
Un análisis elaborado por el Center for Neighborhood Knowledge, de la Universidad de California, indica que la política migratoria federal ha experimentado un viraje significativo hacia la detención de personas sin historial delictivo, en particular de origen latino. Con base en registros administrativos de detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el estudio documenta que los ingresos mensuales a centros de detención de latinos sin antecedentes pasaron de alrededor de 900 durante el último año de la administración anterior a cerca de 6 mil en los primeros meses del nuevo gobierno.
El reporte, fechado en enero de este año, advierte que este aumento está asociado principalmente con operativos en espacios públicos y centros de trabajo, más que con remisiones desde cárceles estatales o federales. Además, señala que casi nueve de cada 10 personas detenidas sin antecedentes penales fueron posteriormente deportadas.
Los investigadores sostienen que “los inmigrantes sin historial criminal se han convertido en un objetivo central de la aplicación de la ley migratoria”.
Por su parte, el reporte del TRAC, con base en registros de tribunales migratorios federales, menciona que únicamente 1.64 por ciento de los nuevos casos presentados en el primer trimestre del año fiscal 2026 en Estados Unidos –que inició en octubre pasado y finaliza en septiembre– incluyeron acusaciones de actividad criminal más allá de una posible entrada irregular al país.
De acuerdo con ese organismo, esto implica que la gran mayoría de las personas sujetas a procedimientos migratorios no enfrenta cargos penales.
La Jornada
