El Nuevo Tribunal de Disciplina Judicial de la Suprema Corte de Justicia cesó al Juez Séptimo de Distrito, Juan Fernando Alvarado López, al acreditar que actuó de manera parcial en favor del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
El Tribunal determinó que el juez otorgó suspensiones que obstaculizaron el avance de investigaciones penales durante el mandato del exgobernador y después de este, con lo que impidió que fuera enjuiciado por la justicia federal.
La denuncia que originó el procedimiento fue presentada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, quien solicitó al entonces Consejo de la Judicatura Federal investigar al juez por haber resuelto de forma reiterada juicios de amparo a favor del exgobernador.
La inhabilitación se da a conocer luego de que, durante el proceso electoral de 2024, García Cabeza de Vaca intentara registrarse como diputado federal por la vía plurinominal para el Partido Acción Nacional. Con ello buscaba eludir dos requisitos constitucionales: el no acreditar su residencia en el país y recuperar el pleno ejercicio de sus derechos políticos, lo que a su vez le permitiría evadir una orden de aprehensión en su contra.
El juez Alvarado López concedió entonces una suspensión para que el exgobernador fuera inscrito como aspirante, sin considerar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya había negado dicha posibilidad.
Previo al término de su mandato, en octubre de 2022, García Cabeza de Vaca abandonó el país y se refugió en Estados Unidos, donde aún permanece.
Desde allí publica con frecuencia videos en los que habla de política y de sus actividades personales.
Acusado de delincuencia organizada y peculado
Durante su gestión como gobernador, se giraron en su contra dos órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero el juzgador elaboró resolutivos de amparo a su favor.
Además, el tribunal también acreditó que el juez protegió al entonces fiscal anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, al impedir su remoción del cargo, pese a que no había aprobado los exámenes de control y confianza.
El Tribunal de Disciplina Judicial sustentó su resolución en la violación a los artículos 99 y 107 constitucionales, los cuales establecen que los jueces de distrito no tienen competencia para pronunciarse sobre materia político-electoral, ni para actuar al margen de la responsabilidad que exige su investidura.
Cabe señalar que, desde 2022, se habían presentado al menos 37 quejas contra jueces y magistrados federales con sede en Reynosa, Tamaulipas, por presuntamente haber brindado protección al exmandatario.
Por la gravedad de la falta, el Tribunal determinó cesar al juez y prohibir desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
FUENTE EXCELSIOR
