En el comienzo del 2026, la violencia familiar se mantiene como el delito de mayor incidencia en Tamaulipas, acumulando más de 7,700 denuncias en el último periodo anual reportado por la Fiscalía General de Justicia del Estado.
En San Fernando, la problemática ha escalado debido a factores sociales y económicos, posicionándose como una de las principales causas de llamadas de emergencia, especialmente durante los fines de semana, cuando la Guardia Estatal de Género registra los mayores picos de auxilio en la región.
De acuerdo con el Código Penal para el Estado de Tamaulipas, quienes cometen actos de violencia física, psicológica o económica contra mujeres e hijos enfrentan penas que van desde los 2 hasta los 5 años de prisión. Estas sanciones pueden incrementarse significativamente si las víctimas son menores de edad, mujeres gestantes o personas con discapacidad, pudiendo alcanzar hasta 7 años de cárcel según las reformas más recientes destinadas a frenar la reincidencia en el entorno doméstico.
La impunidad sigue siendo un desafío crítico; aunque no se publica una cifra diaria exacta, las autoridades estiman que existen cientos de órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar en el estado por delitos de género y violencia intrafamiliar.
La complejidad para localizar a los agresores, que a menudo se desplazan entre municipios o cuentan con redes de protección familiar, dificulta que la Fiscalía Especializada concrete las capturas necesarias para garantizar justicia a las víctimas.
Los municipios que encabezan la lista con mayor número de denuncias por violencia familiar en 2026 son Reynosa, Ciudad Victoria, Matamoros y la zona conurbada de Tampico y Altamira. Estas localidades, debido a su densidad poblacional y dinámicas urbanas, concentran más del 60% de los reportes estatales, lo que ha obligado a la implementación de estrategias integrales y el fortalecimiento de la Guardia Estatal de Género para intentar contener el avance de este fenómeno.
En este contexto, las autoridades exhortan a la población de San Fernando a no normalizar el maltrato y utilizar el número de emergencias 911 o acudir al Centro de Justicia para las Mujeres para recibir asesoría legal y psicológica.
Para 2026, el enfoque institucional se centra en la prevención temprana y en garantizar que ninguna denuncia quede en el olvido, buscando reducir la alarmante estadística que indica que el 61.7% de las mujeres en la entidad ha vivido algún tipo de violencia en su vida.
