El Poder Judicial del Estado de Tamaulipas reasignó de manera temporal a la jueza Mónica Iliana Pérez Chapa, señalada por aplicar multas millonarias a litigantes durante audiencias orales, entre ellas una sanción de 1.39 millones de pesos contra una abogada que cuestionó su actuación en pleno desahogo procesal.
El caso más reciente que detonó la controversia ocurrió en una audiencia intermedia del sistema penal acusatorio, cuando la defensora solicitó a la jueza declararse incompetente, argumentando supuestos errores procesales y falta de técnica jurídica en el manejo de la causa.
En respuesta, la juzgadora impuso la multa por 1,390,400 pesos, equivalente a 5,000 salarios mínimos diarios, el monto más alto aplicado a un defensor en Tamaulipas desde que comenzó a operar el modelo de justicia oral en el estado.
No se trató de un hecho aislado. La jueza también sancionó previamente a otro abogado con cerca de 837 mil pesos por intentar intervenir durante una audiencia oral en curso, lo que provocó que el Órgano de Administración Judicial reasignara a Pérez Chapa al sistema penal tradicional, argumentando un “ajuste operativo encaminado a garantizar la continuidad del servicio”.
Aunque la autoridad judicial evitó calificar la medida como sanción disciplinaria, confirmó que el Tribunal de Disciplina Judicial ya abrió un procedimiento interno para revisar su conducción en audiencias y determinar si actuó con apego a derecho.
El monto de las multas desató una ola de críticas en la comunidad legal. Litigantes advierten que la sanción resulta desproporcionada y carece de la debida motivación pública, lo que podría generar un efecto inhibitorio sobre el derecho de defensa: abogados podrían evitar cuestionar irregularidades por temor a castigos económicos extremos.
Especialistas señalan que, si bien el código permite sanciones en UMAs ante conductas que entorpezcan el orden procesal, la medida extrema debe reservarse para faltas graves y suficientemente acreditadas, no para ejercicios argumentativos de defensa técnica, como objetar actuaciones, pedir recusaciones o cuestionar criterios judiciales.
La Comisión de Justicia del Congreso de Tamaulipas anunció que solicitará información oficial sobre el caso, al considerar que la multa aplicada “a simple vista” es excesiva e inadecuada, y podría afectar garantías constitucionales como el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la defensa adecuada de los imputados.
La multa no es definitiva. Un magistrado regional del Poder Judicial analizará la resolución en segunda instancia para determinar si el monto fue legal, proporcional y correctamente fundado.
Mientras eso ocurre, la reasignación temporal de Pérez Chapa busca reducir tensiones en su distrito judicial y evitar posibles nulidades, reposiciones o nuevos reclamos públicos.
El fallo que emita la instancia revisora podría marcar un precedente clave sobre los límites del poder sancionador en el sistema oral penal de Tamaulipas y su impacto en el ejercicio de la abogacía en México
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