Ciudad de México. Un tribunal federal concedió la protección a una mujer embarazada, que ordena su reinstalación inmediata, ya que fue despedida y presuntamente discriminada por su condición.
El Décimo Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en Naucalpan, estado de México, también determinó que se debe garantizar la continuidad de beneficios sociales y el derecho a recibir atención médica.
El jugador estableció que se deben respetar los derechos de la trabajadora durante el proceso y cumplir con las medidas cautelares, “con independencia de que una vez reinstalada, eventualmente la actora goce de una licencia por maternidad”. Advirtió que, en caso de incumplimiento, se aplicarán las medidas económicas de ley.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que de acuerdo con los antecedentes, la empleadora perteneciente al sector de telecomunicaciones, y la trabajadora, mantenían una relación laboral en el municipio de Naucalpan. Fecha previa a su despido notificó sobre su embarazo. Poco después, sin causa justificada, la empresa la despidió alegando motivos administrativos.
No obstante, pruebas demostraron que la decisión estuvo motivada por su estado, lo que configuró una acción discriminatoria. Ante ello, presentó una demanda en el Tribunal Laboral, solicitando su reinstalación, así como la protección de sus derechos sociales y laborales. Particularmente, pidió la aplicación de medidas cautelares, entre ellas, que no la dieran de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al que se encuentra afiliada, ni que se cancelen las pólizas de seguros contratadas a su favor.
En la demanda, la trabajadora argumentó que su despido contraviene las disposiciones de protección, principalmente embarazo; consideró que la empresa actuó en violación a las obligaciones de igualdad y no discriminaciones previstas en la Ley Federal del Trabajo, así como en tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.
El togado realizó un análisis exhaustivo de las pruebas, incluidos testigos y documentación, lo que llevó a concluir que existen indicios claros de que la separación laboral se motivó por la condición de gestante. Además, concedió las medidas cautelares solicitadas en protección a los derechos humanos y el interés superior del menor.
Por ello, el impartidor de justicia ordenó la reinstalación con todos los derechos y beneficios que correspondían, incluyendo la seguridad social y la cobertura médica a través del seguro de gastos médicos mayores. Además, prohibió a la empleadora cancelar beneficios o realizar despidos relacionados con su embarazo durante el proceso judicial, para garantizar su protección inmediata y continua. En caso de incumplimiento, la empresa será sancionada con multas y medidas correctivas, las cuales también se aplicarían al IMSS por omisión en el acatamiento de la medida precautoria impuesta.
La Jornada
