Pese a todos los intentos que se han realizado, ha sido imposible erradicar la recaudación de fondos por concepto de “aportaciones voluntarias” de las escuelas públicas, ya que ese dinero que es administrado por las propias asociaciones de padres de familia, sirve para solventar parte de las necesidades de los planteles, luego que el gobierno destina poco o nada para el mantenimiento de los edificios y gastos que genera el servicio escolar.
Esta situación fue confirmada por directores de distintos planteles de la localidad, que señalan que pese a que hoy en día se cataloga un delito condicionar la educación a cambio de alguna “cuota” monetaria, no se detendrán los cobros, aunque en casos específicos de personas de bajos recursos, se dan condonaciones.
Repudian además que se siguen haciendo prohibiciones desde un escritorio para crear una falsa percepción social, cuando en la realidad es muy distinto, y prueba de ello, son las enormes deficiencias en infraestructura que tienen la mayor parte de las escuelas públicas de San Fernando, y que es tiempo que no hay ningún interés de las autoridades por aplicar una programa integral de rescate de edificios educativos.
Además admiten que las “aportaciones voluntarias” no contradicen la ley siempre y cuando no condicionen la educación de nadie, además que los montos que se establecen son por acuerdos de los padres y no tienen injerencia los maestros, menos los directivos de las instituciones.
Además, queda bien claro que hay gastos de electricidad, agua de la red, agua purificada, papelería entre otros que se tienen que resolver mediante la colaboración de los padres de familia, ya que las instituciones escolares, desde hace muchos años dejaron de recibir apoyos de la Secretaria de Educación, lo que obliga a realizar acuerdos que establecen obligaciones para los padres al inicio de cada ciclo lectivo, porque de no ser así, las escuelas estarían sin electricidad y sin agua, lo que sería realmente desastroso e iría en contra de la formación de los educandos.






