El Congreso del Estado de Tamaulipas se convirtió en el primero del país en aprobar una reforma legal que permite explícitamente el acceso de autoridades ministeriales al recinto legislativo para ejecutar órdenes de aprehensión, incluso contra diputados electos que aún no han rendido protesta.
La medida forma parte del Decreto 65-911, aprobado el 24 de septiembre de 2024 y validado el pasado martes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que reformó el artículo 8 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso estatal.
Con esta reforma, las autoridades judiciales o administrativas podrán ingresar al Congreso, previa autorización de la Mesa Directiva o de la Diputación Permanente, para cumplir resoluciones judiciales o administrativas sobre cualquier persona que se encuentre dentro del recinto, incluidos los legisladores electos con procesos penales pendientes.
La SCJN resolvió las acciones de inconstitucionalidad 160/2024 y 161/2024, promovidas por diputados del Partido Acción Nacional (PAN), y determinó que las reformas no contravienen el fuero ni los derechos de los legisladores. “No regula ni limita el alcance del fuero o la inmunidad procesal”, dictó el Pleno de la Corte.
La motivación de la reforma surgió a raíz del caso del diputado electo panista Ismael García Cabeza de Vaca, quien reconoció tener órdenes de aprehensión vigentes y expresó su temor a ser detenido en el recinto legislativo al acudir a tramitar su credencial. Su suplente, Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, también enfrenta un proceso penal por uso ilícito de atribuciones cuando fue funcionario estatal.
Ante estos casos, la bancada de Morena argumentó que existía una laguna legal que permitía a personas acusadas de delitos evadir la justicia al ampararse en la inviolabilidad del Congreso antes de asumir funciones. Ahora, ya no será necesario un proceso de desafuero previo si el delito fue cometido antes de la toma de protesta.
La medida generó controversia y fue calificada por el PAN como un intento de vulnerar la autonomía legislativa y usar la ley con fines políticos. Sin embargo, la Corte rechazó esos argumentos y ratificó la constitucionalidad del decreto.
Actualmente, ningún otro Congreso estatal en México contempla una disposición similar. Por el contrario, muchas legislaturas establecen como regla la inviolabilidad de sus recintos, incluso frente a mandatos judiciales, como ocurre en el Congreso de Chihuahua.
De esta manera, Tamaulipas marca un precedente legislativo a nivel nacional, al establecer que el fuero no puede ser utilizado como refugio para evadir la ley. La reforma se enmarca en un contexto de confrontación política local y abre el debate sobre la aplicación de normas similares en otras entidades del país.
FUENTE LUCES DEL SIGLO
