La Red de Maíz, que agrupa a medio millar de tortillerías y molinos de nixtamal en la Ciudad de México, consideró que el gobierno federal debe garantizar al menos 2 millones de toneladas de maíz para la producción anual de la tortilla, a fin de no dejar en manos de las grandes empresas comercializadoras la importación de grano transgénico para solventar dicha demanda.
Dijo que se requiere que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) intervenga, a través de Diconsa y Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), para asegurar el abasto de maíz blanco para la elaboración de tortillas con masa de molino de nixtamal.
De lo contrario, recalcó, los intermediarios en la cadena productiva pueden especular con el precio, además existe el riesgo de que soliciten la apertura para la importación de maíz transgénico, afectando el decreto presidencial aún vigente, que restringe el uso de éste.
Blanca Mejía Castillo, coordinadora de la organización, señaló que actualmente se depende de la cosecha de maíz blanco del año anterior de la región del Bajío, la cual está por agotarse, para solventar la producción de la tortilla.
Precisó que la cosecha otoño-invierno 2024 de Sinaloa está por entrar, pero advirtió que se estima que será por debajo del promedio de 2023, que fue de entre 6 y 7 millones de toneladas; para el año en curso se esperan obtener 1.9 millones, lo cual es insuficiente para abastecer a los 110 mil negocios que conforman la totalidad de la industria nacional.
En medio de la especulación del precio de la tortilla, donde algunos actores han anticipado una tendencia alcista, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado en claro que buscará estabilizar y reducir durante su sexenio al menos 10 por ciento el precio, para lo cual encomendó al secretario de la Sader, Julio Berdegué, trabajar con los productores.
Mejía Castillo indicó que actualmente se llevan a cabo mesas de trabajo con las secretarías de Agricultura, Hacienda y Economía, así como Segalmex, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional Antisecuestros.
En los encuentros, detalló, se ha planteado a las autoridades atender el comercio informal de la tortilla, la inseguridad en los negocios y el cobro de piso por parte del crimen organizado que llega a ser de entre 2 y 4 pesos por kilogramo en entidades consideradas focos rojo como Guerrero, Morelos, Guanajuato y Sinaloa.
Dio a conocer que el precio promedio por kilo es de 22 pesos y reconoció que en este momento no se puede calcular un aumento, ya que dependen de la cotización por tonelada, que oscila entre los 6 mil 900 y 7 mil 400 pesos, sujeta al volumen de compra.
No va a incrementar 40 por ciento, eso solamente es especulación de algunos que pretenden mover a su favor un posible incremento en la tortilla. No podemos especificar ahorita en qué porcentaje podría aumentar, porque depende de los precios del grano. Sin embargo, no hay ninguna razón en este momento para subir los costos, subrayó.
Fuente La Jornada
