Una jueza federal en Estados Unidos rechazó suspender la demanda interpuesta por México contra vendedores de armas en Arizona, lo que permitirá que el proceso judicial avance mientras la Suprema Corte de Justicia del país vecino analiza una demanda paralela presentada por el gobierno mexicano contra fabricantes de armamento.
México mantiene dos demandas separadas para buscar responsabilizar a la industria de las armas estadunidense de los daños que sus productos causan en nuestro país. La primera fue interpuesta en Massachusetts en agosto de 2021 contra fabricantes como Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett. La segunda fue abierta posteriormente en Arizona contra cinco empresas dedicadas a la venta de armamento.
El primer litigio, en el que México reclama a los productores de armas 10 mil millones de dólares, pues los acusa de incurrir en prácticas negligentes que facilitan que el armamento cruce de manera ilícita la frontera y llegue al crimen organizado, está siendo revisado por el Tribunal Supremo luego de que en 2022 un juez federal había desestimado la demanda con el argumento de que los fabricantes están respaldados ante las reclamaciones de México por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que los exime de responsabilidad por el uso que los delincuentes hagan de sus productos.
En enero de 2024, un tribunal de apelación revocó el fallo y dio entrada a la demanda mexicana. Ante ello, los fabricantes de armas solicitaron en Nueva York la intervención de la Corte Suprema, a la que pidieron que deseche la denuncia interpuesta en Massachusetts.
Quieren esperar a dictamen sobre caso Massachusetts
En tanto, en el segundo litigio, cinco vendedores de armas denunciados por México –SnG Tactical, Ammo AZ, Diamondback Shooting Sports, Sprague’s Sports y The Hub– pidieron a la jueza Rosemary Marquez, un juzgado federal, que el litigio en su contra sea detenido hasta que la Suprema Corte dictamine sobre el caso de Massachusetts. Según estas empresas, la decisión del Tribunal Supremo podría resultar en que se deseche cualquier otra denuncia interpuesta por México en contra de la industria de las armas.
Sin embargo, la jueza Marquez señaló que no está claro que la decisión de la Suprema Corte pueda incidir en esta otra demanda y desestimó los argumentos de los fabricantes de armas. De acuerdo con medios de Arizona, la juzgadora señaló que posponer el litigio representaría un retraso injustificado en la búsqueda de justicia para México. Enfatizó que el gobierno mexicano alega un daño continuo y de gran magnitud a causa del tráfico de armas, y que la suspensión del caso obstaculizaría el objetivo de buscar medidas cautelares para mitigar estos daños.
Fuente La Jornada
