Desobligados podrían pasar “El Día del Padre” en la cárcel

Autoridades policiacas en San Fernando realiza arduas pesquisas para la localización de docenas de individuos contra quienes existen órdenes de aprehensión porque no están dando para el mantenimiento de sus hijos.
Esta situación destaca días antes de la celebración de “El Día del Padre” que tendrá lugar el domingo 16 de junio próximo, que expone el riesgo para una cantidad indeterminada de varones, de pasar un mal momento en esa fecha, tras las rejas de una prisión.
El abandono de obligaciones alimenticias es uno de los delitos más comunes en la región, mientras que la legislación penal ha endurecido en los últimos años las penas en contra de los padres que se niegan a proporcionar a sus familias los recursos necesarios para su alimentación y gastos elementales.
Sobre el tema, el Código Penal Vigente en Tamaulipas señala en el artículo 296:
Al responsable del delito de abandono de obligaciones alimenticias se le castiga con una sanción de seis meses a tres años de prisión, privación de derechos relativos a la familia y entrega de las cantidades que no fueron oportunamente suministradas a la familia.
La misma pena se aplicará a quien estando obligado a informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con la obligación alimentaria desobedezcan la orden judicial de hacerlo o informen con datos falsos.
Para establecer las cantidades que el inculpado deberá entregar a la parte ofendida se seguirán las reglas siguientes:
Si el obligado tiene un ingreso económico variable se tomará como base diaria la cantidad que normalmente perciba entre el mínimo y el máximo en un periodo de quince días y sobre la cual el Juez fijará un porcentaje que no podrá ser superior al cincuenta, ni inferior al treinta por ciento.
En caso que no se pueda determinar el monto del ingreso económico del obligado, pero notoriamente es superior al salario mínimo de la región, el Juez establecerá un porcentaje tomando en cuenta el número de personas que tienen derecho a los alimentos y la capacidad económica del obligado.