Las voces de la disidencia se escuchan en el país como efecto de las libertades que nos permiten a los mexicanos inconformarnos y elevar protestas sobre aspectos de la vida colectiva, que nos parecen agresivos contra nuestros derechos o simplemente, nuestra manera de pensar.
Ese es el tema con la reforma al Poder Judicial que propone y se dispone a sacar adelante en la agonía de su mandato el Presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.
¿Cuál es la parte medular de esta reforma?.
La reforma propuesta por AMLO busca que los altos cargos del Poder Judicial de la Federación (PJF) como ministros, jueces y magistrados, sean electos a través del voto popular; en el caso de la Suprema Corte, la reforma plantea reducir el número de ministros que la componen: se busca pasar de 11 a nueve, todos electos por voto popular.
Hay quienes sostienen que la aprobación de esta enmienda que goza de todo el apoyo de la Presidenta Electa de México CLAUDIA SHEINBAUM atenta contra las garantías de los mexicanos y sienta las bases para crear una dictadura, que estaría sujeta al poder omnipotente del jefe o jefa de estado mexicano.
Sería algo así como cortarle los brazos a uno de los tres poderes de la Unión.
Los jueces, magistrados y miembros del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación forman parte de una elite intocable y hasta ahora inatacable; un poder con decisión propia y con presupuesto autónomo e inauditable para ejercer el gasto a discreción, donde se han despachado con la cuchara más grande de toda la burocracia nacional, auto asignarse salarios que rebasan, a lo que gana el mismo Presidente de la Republica,
Un negocio de unos cuantos que gracias a esta autonomía han amasado fortunas incalculables extraídas del presupuesto de la nación, mientras que entre más elevado sea el rango de los jueces, magistrados y ministros, mayores son los negocios que pasan por sus manos y les dejan cuantiosas ganancias.
Y obviamente que no quieren perder sus privilegios y por esa razón, patalean todo lo que pueden, pero parece que esta vez sus alegatos no van a funcionar, frente a la voluntad del pueblo y las opiniones de organizaciones de profesionales del derecho, académicos y mismos jueces y ex jueces, magistrados y ex magistrados que tendrán voz en la consulta que esta ya lista.
¿A los mexicanos nos debe de ofender que les quiten los privilegios a los miembros de la alta burocracia?.
Estoy seguro que nadie está de acuerdo en que por importantes que sean las funciones de un juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea de 200 mil pesos mensuales netos- más las “extras”- mientras que el Presidente de la Republica gana 120 mil pesos netos por mes.
Los integrantes de la judicatura no saben de “medianías” y se cobran a su antojo lo que piensan que valen sus servicios, donde por cierto el interés principal de la reforma planteada por el Presidente de México es atacar el nepotismo y corrupción que son emblemas del Poder Judicial.
Al aprobarse la reforma, los que quieran ser jueces, magistrado y ministros tendrán que pasar por el filtro del voto popular y exhibir sus trayectorias antes, para que la sociedad sepa por quien va a votar y en consecuencia que lleguen a los cargos con el compromiso que entraña ser electo por medio de la voluntad mayoritaria.
Es parte de los cambios que está viviendo México y que nos perfilan en el aspecto democrático al estilo de vida de países más avanzados, donde los jueces surgen de la voluntad popular y ganan salarios modestos, acordes con la visión de quienes miran en la función pública la oportunidad de servir y no de servirse, como claramente lo han venido haciendo impunemente los juzgadores mexicanos desde hace décadas.






