Pese a que la falta de fuentes de trabajo es una de las principales necesidades de San Fernando, en la cabecera municipal no hay terrenos municipales para la instalación de industrias maquiladoras, porque los más aptos, es decir los que cuentan con los servicios de electricidad y agua potable al menos, se encuentran acaparados por particulares.
Estudios en la materia arrojan que aunque San Fernando es el municipio territorialmente más extenso de todo el estado, con una superficie de 6 mil 091 kilómetros cuadrados, en la cabecera no se dispone de una reserva territorial para ofrecer a los inversionistas privados, terrenos para la instalación de industrias, ya que toda la superficie propiedad del fundo legal está bajo contratos de arrendamiento.
La totalidad los terrenos rústicos que colindan con la cabecera municipal están acaparados desde hace décadas por particulares, que no les dan ningún uso y que en un buen porcentaje ni siquiera cubren la renta al municipio como se contempla en contratos suscritos, algunos de estos, hace varias décadas.
se dan casos de familias que tienen hasta cien hectáreas o más propiedad del fundo legal del municipio en su poder que han heredado por varias generaciones y que consideran como si fueran propiedades privadas, aunque no cuenten con escrituras ni con testigos documentales del pago de impuestos prediales o renovación de arrendamientos.
Mismos terrenos que colindan con la cabecera municipal y que podrían ser donados a empresarios para la instalación de maquiladoras se encuentran circulados, por personas que plantean un estado de posesión pacífica y ordenada que les concede derecho a mantenerlos bajo su dominio, traspasarlos o hasta venderlos.
Esta irregularidad aparece como una de las principales causas que ha dificultado la instalación de maquiladoras en San Fernando, ya que la Presidencia Municipal no cuenta con terrenos para ofrecer a industriales, porque toda la superficie que pudiera ser útil se encuentra bajo un acaparamiento que no admite siquiera escuchar propuestas para hacer entender a los posesionarios que los terrenos pertenecen al fundo legal del municipio y que su uso es aplicable para fines de utilidad pública y desarrollo comunitario, que ameritan estar disponibles para aprovechar las oportunidades que puedan presentarse.