Con frecuencia se hacen públicos casos que indignan a la sociedad, al ser cometidos por personas que actúan sin criterio, siguiendo líneas de conducta injustas… y hasta ilegales.
Sucedió en San Fernando… una madre de familia llegó hasta un escuela primaria de la cabecera municipal a inscribir a sus cuatro hijos, pero le negaron ese derecho… ¡porque no traía el dinero para pagar la inscripción!.
Hágame usted el favor; pregunto ¿es legal lo que hizo la responsable del plantel al rechazar la inscripción de los menores?.
Por supuesto que no; la educación es un derecho humano universal y si un maestro, una maestra, un miembro de una sociedad de padres de familia no tiene este conocimiento básico, ni la calidad personal, no debería estar en un sitio donde denigran a la humanidad.
Ya sabemos que desde hace bastantes años, el gobierno dejó de surtir recursos para algunas necesidades de las escuelas oficiales, entre ellas las que tienen que ver con limpieza y mantenimiento y que por esta razón, “existen” las llamadas cuotas escolares.
Mismas que la propia autoridad educativa desconoce como una obligación de los padres, porque el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece entre otras, que la educación que imparte el estado deberá ser GRATUITA, inclusive altos funcionarios de esa área, han aclarado siempre que los padres de familia no están obligados a pagar cuotas, disfrazadas ahora de “aportaciones voluntarias”.
En todo hay excepciones y en casos como este, debería prevalecer el humanismo, o cuando menos el criterio.
Al menos someter este tipo de situaciones a decisiones colegiadas entre las directivas escolares y las sociedades de padres de familia, o bien en asambleas generales donde los padres que asistan puedan emitir una opinión.
Porque decir que esas “aportaciones voluntarias” se cobran por decisión de los padres de familia, no basta; simplemente habría que preguntarles a estos, si están de acuerdo en que por falta de dinero para pagar esas cuotas, se pueda privar a los niños del derecho que tienen a la educación.
Y también si estarían dispuestos a enfrentar un proceso penal por tomar decisiones que vulneran los derechos humanos de los niños… ¿les gustaría?.
¿Les pasará por la mente, que cada niño que no reciben en una escuela porque sus padres no tienen para cubrir las “aportaciones voluntarias” van a crecer engendrando rencor contra la sociedad?.
Muy posiblemente en unos cuantos años se encuentren engrosando las filas de la delincuencia, donde se encuentran muchos jóvenes que han sido excluidos de las oportunidades a que tiene derecho cualquier ser humano.
Y luego se espantan por como están las cosas.
Por fortuna, a nadie la falta Dios; al hacerse público el caso de los cuatro niños que no fueron admitidos porque sus padres no tenían para pagar la inscripción, surgieron del seno de la sociedad, voces solidarias que se ofrecieron de inmediato a contribuir para resolver este problema.
Pero ¿había necesidad de esto?. Con un poco de humanismo y de criterio se pudo haber evitado este mal asunto que sacó a relucir el lado insensible, inhumano y defectuoso de personas, que al tener un sueldo seguro, o habiendo nacido y crecido entre las comodidades, no son capaces de comprender que hay personas en estado de indefensión económica y social que necesita y merece ayuda.
Este caso debería ser motivo para que las autoridades del sector educativo, dialoguen con las directivas escolares y establezcan criterios más flexibles, que no perjudiquen a la niñez y que de paso no exhiba el lado inhumano de quienes se encuentran al frente de las instituciones, porque muchos de estos, viven hipócritamente con el “Jesús en la boca” y repartiendo bendiciones a diestra y siniestra.
Que mal asunto, caramba: ojala que nunca vuelva a repetirse un caso como este.






