La alegría de miles de personas que con esfuerzo pagaron el precio de la regularización vehicular decretada por el gobierno federal, se podría ver frustrada tras cruzar hacia poblaciones de Texas y al regreso a México, ser sometidos a revisión de Policías Fiscales en la aduanas fronterizas, localizadas a lo largo de Tamaulipas, desde Nuevo Laredo hasta Matamoros.
Lo anterior, luego que en los últimos días han proliferado denuncias de personas en estas , internacionales, bajo amenazas de incautar las unidades de fuerza motriz debido a que carecen del respectivo pedimento de importación para ingresar al país y ser sujetas a un procedimiento legal para permitir su libre tránsito.
Esta situación ha generado incomodidades, disgustos y extorsiones, ya que para dejarlos seguir su camino, los conductores de los vehículos regularizados han tenido que aportar cantidades que van de los dos mil a los 4 mil pesos, en una cruda anomalía que amerita la intervención oficial.
En el decreto de regularización, no especifica que las unidades de fuerza motriz sujetas al procedimiento, no pueden abandonar el país, mientras que las declaraciones de funcionarios, siempre dieron a entender que al pagar el impuesto requerido y portar placas mexicanas, podrían circular libremente.
Esta “laguna” en el decreto está dando lugar a extorsiones que podrían seguir produciéndose, para echar a perder la intención del Gobierno de México por erradicar la corrupción que por décadas distinguió a las aduanas y que llevó a militarizarlas, para llevar un control a tono con las políticas transformadoras del país.
Para evitar problemas a los propietarios de unidades regularizadas, urge que las autoridades aduaneras o de la misma Secretaria de Hacienda emitan un comunicado dando a conocer la situación en que se encuentran esos vehículos, porque mientras que persista el silencio, los propietarios o conductores estarán a merced de fiscales corruptos que ya están “haciendo su agosto”, a mitad del año.
