El temor ha cundido entre residentes de San Fernando en la región, al saber que a partir del próximo primero de julio los vehículos ilegales en qué Se movilizan, podrían ser decomisados por parte de elementos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas.
Lo anterior al terminar el proceso de regularización vehicular decretado por el Gobierno Federal con vencimiento al 30 de junio próximo, en qué se terminará este procedimiento que benefició a miles de residentes de esta región del norte de Tamaulipas
Se calcula que solo un 50% de los vehículos extranjeros que venían circulando en San Fernando lograron acogerse al beneficio de este programa de regularización, que les permitirán transitar libremente por las carreteras del país sin tener ningún problema.
Pero la mitad de los vehículos en esas condiciones quedaron fuera del decreto debido a las normas técnicas contenidas en el mismo, donde establecen lineamientos que no permiten ser considerados para el beneficio de la regularización vehicular implementada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se sabe que auditores de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas ya están advirtiendo a personas que radican en zonas rurales del norte del municipio y que tripulan vehículos de procedencia extranjera, que a partir del primero de julio comenzará el decomiso sin consideraciones de ninguna especie.
Lo anterior viene a ocurrir cuándo se encuentran en su apogeo las trillas de sorgo en la región y los productores del campo utilizan vehículos de procedencia extranjera para movilizarse, mismos que en la mayoría de los casos por razones técnicas no han sido regularizados, simplemente porque las condiciones económicas de los posesionarios no les permiten hacer ese tipo de gasto, que aunque moderado no está al alcance de sus posibilidades.
Lo anterior ha sido destacado por residentes de la zona norte de San Fernando pero también replicado por obreros, empleados y personas de menores ingresos de toda la región, que utilizan un vehículo extranjero para movilizarse a sus fuentes de empleo y de regreso a los hogares, que no cuentan con los medios para pagar el importe de la regularización o que las unidades no pasaron los filtros establecidos en el decreto por su origen, principalmente.
De esta manera una nueva amenaza se cierne sobre los residentes de San Fernando y la región, que por necesidad utilizan vehículos ilegales para desplazarse y que podrían verse muy afectados si los auditores fiscales les requisan estas unidades por no cubrir la reglamentación adecuada para circular por las carreteras y calles de las ciudades en esta zona del estado.
