Una fuerte acusación presentó ante el Congreso de Tamaulipas la diputada local del partido MORENA Casandra Prisilla de los Santos Flores, en contra de empresa petrolera responsable de la explotación de pozos de gas y otros hidrocarburos, en los límites de los municipios de San Fernando y Soto la Marina, que han causado grave deterioro al medio ambiente y afectado la salud de más de 600 familias.
La legisladora refirió que desde el 15 de abril 2021 se produjo un derrama en esa zona de la Cuenca de Burgos en que se dispersaron químicos de alta peligrosidad que levantaron una bruma mayor al metro y medio de altura, misma que a través de la fuerza de los vientos se ha trasladado a los ejidos Lavaderos y Florida del Sur del municipio de San Fernando y Enramadas, La Laguna y El Carrizo de Soto la Marina.
Al entrar en contacto con los sentidos de las personas, ha provocado en las familias de esas comunidades rurales hemorragias nasales, enfermedades en la piel y vómitos nasales, entre otros, mientras que en un perímetro de cinco kilómetros a la redonda del derrame, la fauna y flora silvestre, se han extinguido.
La legisladora señaló como responsable de esta situación a la empresa petrolera Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos S.A.P.I. de C.V. (Jaguar E&P), empresa mexicana fundada en 2014 por el Grupo Topaz en San Pedro Garza García, del vecino estado de Nuevo León.
Exhortó a la Secretaria de Salud de Tamaulipas a implementar jornadas de atención a las familias que radican en las comunidades afectadas, así como a la Secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado para la implementación de empleos temporales que sirvan para mitigar las necesidades de los pescadores y sus familias, mientras que se resuelve la contingencia ambiental.
Fue al inicio del periodo ordinario de sesiones del segundo año de la legislatura local, cuando la diputada morenista presentó además punto de acuerdo a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales –SEMARNAT-, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente –PROFEPA- así como a la agencia de Seguridad, Energía y Ambiente -ASEA- a implementar protocolos de respuesta a emergencia del sector hidrocarburos.






