A paso seguro, la administración estatal de Tamaulipas está tomando el control de las instituciones y deshaciéndose de los lastres que les fueron heredados, en el afán de mantener al estado como rehén de un grupo que por lo visto, no se conformó con saquear las finanzas, sino que pretende ejercer un dominio transexenal, nunca antes visto aquí al menos.
El primero en caer fue el ex Presidente del Tribunal Superior de Justicia en Tamaulipas HORACIO ORTÍZ RENAN, a quien le fue negada la ratificación como magistrado del Poder Judicial, porque a la vista del nuevo Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, no reunía las condiciones para ser considerada una figura respetable, luego de una época de atropellos cometidos por órdenes del anterior jefe político.
Ahora le tocó el turno al Fiscal Anticorrupción RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, también parte de la herencia maldita, quien fue declarado como inhabilitado para ejercer ese cargo por no pasar los exámenes de control y confianza, practicados por el Centro Nacional de Inteligencia.
Cero y van dos; en la mira: el Auditor General de Estado JORGE ESPINO ASCANIO, el Fiscal General de Justicia en Tamaulipas IRVING BARRIOS MÓJICA, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia DAVID CERDA ZUÑIGA y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado FELIX FERNANDO GARCIA AGUIAR más conocido como “El Moyo”, quienes representan los ojos, oídos y las manos del ex Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, en la administración de la 4T.
Para que el nuevo gobierno estatal camine al paso que demandan los tiempos y las necesidades de los tamaulipecos hay que derribar todos los obstáculos que dejó “sembrados” el gobernador anterior y en algunos casos, tendrá que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determine sobre las ilegalidades que prevalecieron en los procedimientos para acomodarlos en sitios estratégicos.
Todos ellos tienen un andamiaje minuciosamente elaborado que ha servido para tejer una red de complicidades que les han permitido mantener control en amplias áreas de la vida estatal y de paso, amasar cuantiosas fortunas.
Todo ha sido posible gracias a los diputados panistas que han aprobado cuanta propuesta les ha sido presentada, aprovechando la mayoría que mantuvieron durante seis años y la suma de voluntades de diputados pertenecientes a otras fracciones, que supieron vender bien sus votos.
Pero esto va a cambiar, gradualmente pero se va a recuperar el sentido del servicio público y de la justicia en su estado más esencial; el derecho vulnerado por alcahuetes diputados para aprobar acuerdos grotescos volverá a imponerse y tal vez, el brazo de la ley alcance a los legisladores que fueron cómplices de atrocidades cometidas contra el pueblo que juraron representar y defender.
La cuenta regresiva se encuentra en marcha y no se descarta que varios de los principales objetivos se adelanten y presenten sus renuncias, para evitar verse inmersos en un golpeteo, que tiene como único destino la salida obligada de los cargos donde fueron ubicados para defender al prófugo y enderezar estrategias en contra de la actual administración estatal.
“Los caballos de Troya” del régimen Cabecista saben que están acorralados y que entre más se resistan, su problema será mayor, porque de las investigaciones que ya les practican saldrán responsabilidades y la mayor parte de estas, se castigan con cárcel.
Mientras que en épocas de guerra, rendirse es el primer paso para el indulto y evitar la catástrofe personal, que suele arruinar a quienes aconsejados por la necedad, se resisten a aceptar los cambios, cuando bien saben que sus misiones no tienen futuro.
