Abogados de San Fernando en contra de cobros de peritajes por parte de la FGJT

Integrantes de la Barra de Abogados de San Fernando A.C. están en contra de los cobros que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas -FGJT- pretende aplicar con motivo de los servicios periciales que se realizan dentro de los expedientes, como parte de la función básica de esa dependencia, para investigar y perseguir los delitos del orden común.
Al mencionar lo anterior, el Lic. Mario Alberto Alvarado de la Portilla presidente de esa organización de profesionales del derecho, calificó como “inaudito y nunca antes visto en la historia de Tamaulipas”, un cobro por concepto de los servicios que presta la dependencia del ramo, como parte de complementos básicos en investigaciones para deslindar responsabilidades.
Lo anterior luego que en la anterior legislatura local que concluyó en el mes de septiembre, se aprobaron reformas a la Ley de Hacienda de Tamaulipas, donde se tabularon cobros por peritajes que realiza personal de la FGJT, que alcanzan hasta un costo de 5 mil pesos y que se tienen que pagar, antes de ser realizados.
Ante esta situación que vulnera la economía de los tamaulipecos, la Federación de Asociaciones de Abogados de Tamaulipas que preside Juan Carlos Ruiz Delgado está solicitando al nuevo Congreso de Tamaulipas dar marcha atrás con ese cobro, que riñe con el espíritu de la Fiscalía, que por ley se encuentra obligada a llevar a cabo la investigación y persecución de los delitos, con sus propios recursos.
En Tamaulipas, dijo el Lic. Mario Alvarado de la Portilla, nunca se había presentado una situación de esta naturaleza y que se tenga memoria, en ningún estado del país se cobra por los peritajes que forman parte de procedimientos que tienen como objetivo esclarecer hechos delictuosos con precisión, como sustento para fincar responsabilidades.
Mencionó que todos los integrantes de esa agrupación en San Fernando están en contra este cobro por considerarlo ilegitimo, fuera de toda proporción, porque supedita el desarrollo de los procesos penales a la capacidad económica de las partes, al tener que pagar –en forma anticipada- por peritajes que siempre se han realizado con recursos humanos y materiales de la Fiscalía, antes Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas.