Una mujer de un colectivo de familiares de personas desaparecidas fue violentada por elementos de la Guardia Nacional que irrumpieron en su domicilio, tiraron a un adulto mayor y golpearon a su hijo de 14 años y a una mujer, la tarde del viernes pasado en la colonia Villas de San Juan en Guanajuato.
La buscadora dijo que denunció la agresión ante un coronel de la corporación federal, al que identificó como «Efrén», además señaló que en otra ocasión los oficiales de la GN también entraron a la fuerza a su domicilio y se llevaron 4 mil pesos, que luego le regresaron porque hizo el reclamo a sus superiores.
La mujer externó indignación por el abuso de la GN y temor de que pudiera pasar por una situación dolorosa, como los homicidios de la buscadora Rosario Zavala Aguilar en octubre de 2020 y Javier Barajas Piña, el 29 de mayo pasado, en esta entidad.
Agregó que se le ha pretendido incriminar, cuando ella realiza lo que no hacen las autoridades, buscar al padre de su hija menor que se encuentra desaparecido.
Quince Colectivos de personas desaparecidas y organizaciones de derechos humanos denunciaron el abuso y exigieron que se hagan efectivas las medidas de protección, entre ellos Buscadoras Guanajuato, Plataforma Por la Paz y la Justicia en Guanajuato, Madres Guerreras de León y Miguel Agustín Pro Juárez.
«La tarde del 3 de septiembre alrededor de 20 elementos de la Guardia Nacional ingresaron con violencia y sin orden de aprehensión al domicilio de una integrante de uno de los 15 Colectivos de familiares de personas desaparecidas, ubicado en la colonia Villas de San Juan, en el oriente de León, Guanajuato.
A partir de una supuesta denuncia anónima, los elementos ingresaron por la fuerza al domicilio, pese a que integrantes de la familia se encontraban dentro, causando daños materiales. Al ingresar tiraron al piso a un adulto mayor y, al tratar de defenderlo, un niño de 14 años y una mujer fueron golpeados por dos elementos de la Guardia Nacional«, denunciaron.
«‘Donde te veamos, te vamos a levantar’, amenazaron a uno de los familiares al retirarse del lugar», describieron en un documento dirigido a la Secretaría de Gobernación (Segob), Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Guardia Nacional.
«Guanajuato vive su peor crisis de violencia y el Gobierno Federal ha asignado más de 80 mil efectivos con el supuesto argumento de contenerla; integrantes de la GN revictimizan y amenazan a integrantes de Colectivos de víctimas».
Exigieron justicia en el caso registrado el viernes pasado y medidas de protección para las buscadoras en la entidad. «Nos preocupa particularmente el clima de inseguridad y hostilidad en el que las buscadoras guanajuatenses desarrollan sus actividades de búsqueda y en las que viven cotidianamente. Los asesinatos de Rosario Zavala y de Francisco Javier Barajas dan cuenta de ello.
«No es la primera vez que estos abusos suceden contra buscadoras, así se han documentado actos de hostigamiento durante 2020 contra Rosario Zavala Aguilar, previos a su asesinato».
Denunciaron que preocupa el clima de inseguridad y hostilidad en el que las buscadoras guanajuatenses desarrollan sus actividades de búsqueda y en las que viven cotidianamente.
En el documento exigieron a la GN que cese el hostigamiento contra buscadoras de personas desaparecidas, y a que se inicie una investigación de los elementos y su cadena de mando por los hechos del 3 de septiembre, la suspensión de los elementos implicados, reparación del daño y cumplimiento de medidas cautelares.
A la FGR le exigen que deslinde responsabilidades por los delitos cometidos el 3 de septiembre contra la señalada buscadora y su familia. Y a que dé seguimiento a las medidas de protección dictadas en la denuncia que ha iniciado.
Asimismo, a la Segob que establezca urgentemente un Plan Emergente de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos en Guanajuato, además de atender el caso denunciado en diálogo con las autoridades estatales y municipales.
A la CEAV le demandan que en coordinación con su igual estatal supervise las medidas de protección de la familia y garantice la participación en las búsquedas para todas las integrantes de los Colectivos de Búsqueda.
Piden a la CNDH dar inicio a una investigación de la actuación de estos oficiales y de los superiores jerárquicos en su línea de mando.
También que emita una recomendación en el caso de Rosario Zavala que fue canalizado por el organismo local en julio del 2020. «La CNDH está incumpliendo su Reglamento interno ya que ha tardado más de 6 meses en concluir su investigación de los hechos».
FUENTE ELSIGLODETORREON
