José Luis Vargas Valdez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a quien «magistrados rebledes» quitaron de la presidencia de este órgano, es investigado por blanquear más de 30 millones de pesos, supuestamente obtenidos mediante actos de corrupción.
Fuentes ministeriales confirmaron que el 19 de febrero de 2020 y el 22 de junio de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, presentó dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República (FGR), contra Vargas Valdez por operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con enriquecimiento ilícito y actos de corrupción.
La primera denuncia refiere operaciones irregulares por un monto de 36 millones 487 mil 433.59 pesos y la segunda por un monto de 106 millones 915 mil 904.38 pesos.
En el caso de la primera denuncia, el pasado 15 de junio, el ministerio público dictó el no ejercicio de la acción penal; pero esta determinación fue revocada el pasado 30 de julio por un juez de control que ordenó a la FGR abrir nuevamente la investigación contra Vargas.
En esta denuncia, la UIF indicó que las declaraciones patrimoniales de Vargas Valdez son inconsistentes con las operaciones financieras que realizó entre 2013 y 2018, periodo en el que desempeñó diversos cargos públicos.
En este periodo, el magistrado declaró ingresos por 16 millones 744 mil 264 pesos, pero realizó gastos por 36 millones 487 mil 433.59 pesos; es decir, gastó 19 millones 743 mil 169.59 pesos más de lo que ganó como servidor público y esto, según la UIF, puede ser constitutivo del delito de enriquecimiento ilícito.
Luego de darse a conocer que el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia ordenó reabrir esta investigación en contra de Vargas, el magistrado afirmó que la licitud de su patrimonio está plenamente acreditada.
Las fuentes consultadas confirmaron que la segunda denuncia de la UIF contra Vargas está en etapa de revisión para determinar si la Fiscalía cuenta con elementos suficientes para investigar y, eventualmente, proceder en contra del funcionario.
En este documento, la oficina encabezada por Santiago Nieto Castillo señaló a la FGR que analizó las finanzas de la esposa de Vargas Valdez y las empresas con las que tiene relación.
En el análisis se detectó que Mónica Bauer Mengelberg López, esposa del magistrado, recibió diversos depósitos que no corresponden con lo que declaró ante Hacienda y realizó transferencias al extranjero y constituyó personas morales cuya finalidad no se justifica porque estas únicamente recibieron dinero proveniente de empresas fachada para después quedar sin funcionalidad.
En consecuencia, la denuncia presentada en junio pasado no sólo señala al magistrado como probable responsable sino también a su esposa, Mónica Bauer Mengelberg López; a su cuñado Peter Bauer Mengelberg López; a Inmobiliaria Pasavaba, S. A. de C. V; a Inmobiliaria Schlafrau, S. A. de C. V; a NERIX, S. A. P. I. de C. V; a Consorcio de Litigio Estratégico, S. C; y Asesoría Estrategia Total, S. C.
FUENTE EL UNIVERSAL
