“Atora” Auditoria Superior del Estado cuenta pública 2020 de San Fernando

En el proceso de revisión de cuentas publicas de años anteriores, la Auditoria Superior del Estado –ASE- encontró serias irregularidades en el ejercicio 2020 en una docena de municipios, entre ellos, el de San Fernando.
De acuerdo a la información emitida por el mismo órgano fiscalizador, se emitieron un total de 30 observaciones de la cuenta pública del año anterior, correspondientes a este municipio: de estas 29 están relacionadas con gestión financiera y una recomendación.
Solamente fueron solventadas a criterio de la ASE 12 observaciones, quedando por resolver 18 de promoción de responsabilidad administrativa y la recomendación, lo que implica que la cuenta pública del año será ventilada por la siguiente legislatura local, que entrará en funciones a partir del próximo 1 de octubre.
El manejo oscuro de los recursos municipales y la prosperidad económica que muestra el alcalde y algunos miembros de su familia constituyen evidencia de malos manejos en el gasto corriente y en la ejecución de obras y acciones con los ramos federales, que han sido ejercidos con un claro beneficio para el CP José Ríos Silva.
Y aunque la Contralora Municipal Claudia Dolores Díaz Acosta, en un acción ilegal se encarga al mismo tiempo de llevar la contabilidad de la Presidencia Municipal, debido al estilo del alcalde por el manejo de recursos públicos que utiliza como su fueran parte de su patrimonio particular, no ha logrado acomodar los números a satisfacción de la ASE.
Tan solo en el tema de los ramos federales hay una denuncia preparada para ser presentada ante el próximo Congreso de Tamaulipas, para que a su vez, este cuerpo colegiado pida la intervención de la Auditoria Superior de la Federación –ASF- por tratarse de recursos etiquetados para el desarrollo social, procedentes del Gobierno de la Republica.
Por otra parte, ex empleados municipales recientemente cesados han difundido que en las últimas semanas se han incrementado las transferencias de las cuentas bancarias donde se depositan los fondos federales, a otras a nombre del alcalde sanfernandense y allegados, en un ejercicio que ha sido recurrente durante los últimos cinco años y que conlleva responsabilidad de tipo administrativa y penal, debido a que se trata de fondos públicos intransferibles.