Menos de 2 millones, topes de campaña para candidatos municipales en San Fernando

Los ocho candidatos de los partidos políticos registrados para contender por la Presidencia Municipal de San Fernando serán objeto de una rigurosa fiscalización de los gastos de campaña, que realicen durante los días oficiales de proselitismo electoral.
La supervisión de los gastos estará a cargo de personal del Instituto Nacional Electoral –INE-con la colaboración del Instituto Electoral de Tamaulipas –IETAM- y en caso de excederse con más del 10 por ciento del tope aprobado, podría ser motivo de cancelación de la candidatura o triunfo en las urnas.
Para tal efecto, el IETAM determinó como tope de campaña para los candidatos municipales la cantidad de 1 millón 927 mil 239 pesos en San Fernando, que será contabilizado en eventos de campaña, de cuya agenda, los organismos electorales tendrán conocimiento previo, para verificar de manera oportuna el gasto real de los candidatos.
El tope de campaña municipal no es una cantidad que todos los candidatos registrados para la elección de Ayuntamientos tengan posibilidades de gastar, porque incluso al menos tres de ellos, no disponen de financiamiento público, aunque esta situación no los libera del escrutinio oficial, que estará prevaleciendo durante la jornada electoral.
Sobre los reportes de gastos que realicen los candidatos, el INE tiene un catálogo de precios en servicios que se utilizan en las campañas políticas, desde uso de vehículos, gasolina, pago de personal, publicidad, renta de equipos de sonido, carpas de sombra, lonas, mobiliario, luces, comidas, bebidas, equipos musicales entre otros, que serán aplicados para cuantificar el monto real de los recursos gastados por cada candidato y que en casos de rebasar los topes, se encuadran diferentes sanciones de tipo económico, hasta la posibilidad de cancelar candidaturas a mitad del proceso, o echar abajo el triunfo en las urnas.
En esta ocasión, la fiscalización será más intensiva debido a las características de un proceso electoral, que desde los inicios se prevé que terminará judicializado, por lo que el propio organismo electoral, rector de la elección, se prepara con información suficiente y fidedigna para armar las carpetas que procedan, en función de las denuncias y de las facultades naturales de la autoridad en la material.