Una situación que atenta contra los derechos humanos está sucediendo en Tamaulipas, donde las autoridades sanitarias niegan realizar pruebas de Covid 19, a personas que las solicitan, porque en sus hogares, han resultado positivos algunos de sus integrantes.
Este es el caso que refiere Néstor Eduardo Barrera Durán, residente de la cabecera municipal de San Fernando, quien señaló a este medio que días atrás su madre fue diagnosticada como positiva al virus, por lo que el mismo y otros miembros de la familia pidieron a la jurisdicción sanitaria no. V11, se les hicieran las pruebas respectivas, para tomar las medidas conducentes.
La dependencia respondió de manera negativa, argumentando que todos los miembros de ese hogar, debían considerarse como infectados por el Covid 19, sin embargo las personas no se resignaron y exigieron en el Centro de Salud, les fueran tomadas las muestras y enviadas al laboratorio estatal para su valoración.
Ayer jueves regresaron de Victoria los resultados, encontrándose que de las cinco pruebas realizadas a su familia, tres fueron rechazadas, es decir que no fueron evaluadas en el laboratorio, lo que para el quejoso además de una anomalía, puede tener el trasfondo de manipular el numero casos de Covid 19 en San Fernando.
Lo anterior representa un abuso contra las personas que en uso de sus atribuciones solicitan la prueba para confirmar o descartar posibles contagios, como parte del derecho universal de los seres humanos a la salud, que las instituciones se encuentran obligadas a prestar.
Presumir que en un hogar, porque una persona está infectada de Coronavirus, los demás integrantes también se encuentran contagiados, refleja falta de sentido común y una actuación que puede derivar en demandas contra los funcionarios que niegan el derecho a la salud en tiempos de pandemia, al tomar una presunción, como norma de una situación que amerita pasar por métodos de investigación científicos, que por falta de criterio no se aplican, como en este caso.






