Por Aristeo Manilla García
La cuenta regresiva para el alcalde JOSÉ RÍOS SILVA ya comenzó… de aquí en adelante el placer de gobernar se va a convertir en un martirio, porque sobre sus hombros van a descansar responsabilidades muy pesadas, que serán una amenaza para su bienestar personal… y hasta para su libertad.
Por principio, tendrá que pensar cómo va a hacer para cumplir con pagos de las deudas de la administración a proveedores, luego que aunque hay una partida cada año en el presupuesto de egresos para este tipo de compromisos, lo que se debe siempre supera el gasto programado.
Pero eso puede ser lo de menos… al último, si el Ayuntamiento cae en manos de otro partido o de un enemigo político del mismo del PAN, que se niegue a pagar lo que deje pendiente, siempre le quedará el recurso de sacar de su bolsa, algo así como un “vomito negro”.
Lo más pesado de la situación que estará viviendo en los próximos meses el edil sanfernandense, es la responsabilidad de hacer que ganen los candidatos del PAN a la Presidencia Municipal, la Diputación Local y la Diputación Federal en San Fernando, porque en caso que su partido pierda, “les encargo un costillar”, como reza una frase muy conocida de la filosofía regional.
PEPE RÍOS tiene las cuentas públicas 2016, 2017, 2018 y 2019 sin aprobar y las DIF Municipal andan en términos muy similares, de ahí la delicada posición del jefe de la comuna ante el proceso electoral concurrente que se encuentra en marcha y habrá de culminar con las elecciones del domingo 6 de junio de 2020.
Ahora el compromiso del alcalde ya no es con el pueblo, sino con el gobierno panista; a la sociedad le puede fallar cuantas veces se deje engañar, pero con los “de arriba” no va a jugar.
Ahora, ya se le mira corriendo de la seca a la meca bacheando, cambiando lámparas, repartiendo despensas, en la urgencia de congraciarse con el pueblo, para que una vez que estén más cerca las elecciones, pedirl el voto para los candidatos del PAN.
Sin embargo su imagen está demasiado deteriorada; como siempre la gente agarra lo que le dan, pero dos malos gobiernos encabezados por este mismo personaje, le han servido al pueblo para entender cómo funciona y lo que vendría, en caso de seguirle el juego una vez más.
La situación podría ser mucho más angustiante si el PAN decide postular a la esposa de PEPE RÍOS para la Presidencia Municipal, porque lo verían como una continuación del gobierno de su marido, que es precisamente la causa de las mortificaciones de Acción Nacional en San Fernando.
Informes en poder de ese partido a nivel estatal, revelan que el gobierno municipal de San Fernando está muy mal calificado y que ahí se encuentra el principal factor para la derrota en las próximas elecciones para los candidatos del PAN, entre los que iría el Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno de Tamaulipas y “padrino” de ese partido en la región ARIEL LONGORIA GARCÍA como abanderado para la Diputación Federal, en quien por cierto, ni el propio PEPE RÍOS considera que pueda ganar y ya se queja, que con los candidatos y candidatas que están aprobados por el mando político, será muy difícil ganar en las urnas, pero en ningún momento reconoce que el papel que ha jugado como alcalde está muy por debajo de las expectativas ciudadanas.
En los meses que viene de aquí a la elección, el alcalde ya tendrá tiempo para preocuparse y trabajar día y noche para que gane el PAN, que deberá aprovechar también para tratar de borrar agravios, desatenciones, majaderías y demás ofensas en contra de la población y de sus propios subalternos, que con gusto y para hacerlo quedar mal… van a votar contra el PAN.
Pero lo más difícil será cuando deje el cargo el próximo 30 de septiembre y comiencen a llegar de manera sucesoria e interminable, las notificaciones de la Auditoria Superior del Estado, pidiéndole solventar comprobaciones prácticamente imposibles de aclarar.
Si acaso duda lo que viene, o piensa que no pasará nada, que le pregunte a su antecesor, que después de cuatro años, no ha logrado zafarse de la amenaza de pagar con cárcel los 16 millones de pesos que no han sido justificados a criterio del órgano fiscalizador.
