Por Aristeo Manilla García
Como si se tratara de una conspiración, muchas personas consideradas como “clientes cumplidos” del impuesto predial, en lo que va de este año, han dejado de cumplir con esa obligación, que como se sabe, es un tributo representa el principal ingreso directo de los Ayuntamientos, en este caso, el de San Fernando.
Fuentes bien enteradas de esta situación, me comentan que este es el peor año de la recaudación del predial de las últimas décadas; consideran que es similar a los años del 2010 al 2014, cuando a causa de la violencia, se dio el mayor éxodo de familias sanfernandenses, de las cuales una parte ya jamás regresó.
Pero en esos tiempos, en lo que menos pensaban los ciudadanos era en pagar impuestos, cuando la posibilidad de no sobrevivir era muy alta y las personas ni siquiera querían poner un pie en las calles por el terror que llegaron a inspirar cientos de hechos trágicos, que se difundían a la velocidad de la luz.
Hoy, la renuencia para pagar el impuesto predial se cifra en dos razones: la parálisis económica que ha provocado la emergencia sanitaria internacional que se traduce en insolvencia y… la desconfianza ciudadana por el destino de esos recursos.
El impuesto predial es una especie de dinero “comodín”, que se utiliza para resolver cualquier tipo de necesidad –incluidas, las personales de los funcionarios- que en San Fernando en los últimos años se ha mantenido por el rango de los 9 millones de pesos, una cantidad nada despreciable que aplicada en resolver necesidades de los servicios primarios, permitiría tener al menos un servicio eficiente de agua potable, una buena iluminación pública y calles en condiciones decentes.
He ahí el punto… hay quienes no van a pagar el predial hasta la próxima administración municipal, porque sostienen que no se está aplicando de manera correcta y que cualquiera que sea su destino, no es el bienestar comunitario, de ahí la resistencia social a no cumplir con esta obligación.
Apoyados en conocimientos de derecho, argumentan que no pueden obligarlos a pagar, como se ha venido argumentando, con procesos de ejecución fiscal, porque en la ley, se refiere que lo más que pueden cobrar a un causante del predial, es un quinquenio, es decir un lustro, así deba 50 años, lo que se interpreta, como que las mismas normas jurídicas conceden el derecho de no pagar cada año.
Así lo pensaron muchos y ya lo están haciendo; pero si en este año la recaudación del predial ha disminuido ¿qué pasara en el 2021, cuando la administración municipal de San Fernando se encuentre moribunda y padeciendo de una absoluta desconfianza ciudadana?.
Que tengan un excelente fin de semana amigos y lectores.
