En Tamaulipas, cada día cinco madres denuncian, en promedio, el incumplimiento de obligaciones alimenticias para sus hijos, informa la Fiscalía General de Justicia del Estado. De enero a marzo de 2026 se abrieron 451 carpetas de investigación por esta causa en todo el estado.
La región de Victoria concentró el mayor número, con 153 casos, seguida de Reynosa con 92 y Matamoros con 85. Otras regiones registraron: 62 en Tampico, 30 en Mante y 29 en Nuevo Laredo.
El registro estatal muestra un aumento progresivo: en enero se reportaron 128 denuncias, en febrero 157 y en marzo 166. Gabriela Ibarra Lozano, especialista en derecho familiar, señala que se trata de una problemática social que requiere sanciones más severas.
“Es indispensable que la ley sea más estricta con los responsables de este delito, porque es un problema que persiste y aumenta con el tiempo. Endurecer el castigo es necesario para que el Código Penal realmente cumpla su función”, afirmó la abogada.
Delito de abandono de obligaciones alimenticias en Tamaulipas
De acuerdo con el Código Penal de Tamaulipas, comete el delito de abandono de obligaciones alimenticias quien, sin motivo justificado, deje de proporcionar a sus hijos los recursos económicos necesarios para su subsistencia. La sanción prevista es de uno a seis años de prisión y multa de hasta 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
“Esta obligación no se limita únicamente al pago de una pensión económica, si no que abarca aspectos básicos como alimentación, educación, salud y vestido. El alcance de esta figura se ha ampliado para incluir no solo a menores de edad, sino también a hijos mayores que continúan estudiando y a cónyuges o concubinos, reflejando una evolución en la protección legal de los derechos familiares”.
Explicó que, a diferencia de lo que suele creerse, no se trata únicamente de un asunto civil, ya que el incumplimiento puede derivar en consecuencias penales que incluyen la citada pena de prisión, además de multas y la obligación de cubrir los adeudos acumulados.
Sin embargo, un elemento central para que se configure el delito es demostrar que el incumplimiento fue deliberado, es decir, que la persona tenía la capacidad económica para cumplir y aun así decidió no hacerlo.
En este contexto, el debate actual en la entidad no se centra tanto en la inexistencia de un marco legal, sino en las dificultades para garantizar su cumplimiento efectivo, ya que en la práctica persisten casos en los que, pese a existir resoluciones judiciales, los pagos no se realizan de manera constante.
Esta situación ha impulsado propuestas para fortalecer los mecanismos de seguimiento, establecer controles más estrictos y, en línea con tendencias nacionales, avanzar hacia esquemas que visibilicen a los deudores alimentarios y limiten ciertos derechos civiles en caso de incumplimiento.
FUENTE MILENIO
