La educación pública en México, garantizada por la Constitución como gratuita, representa un gasto considerable para las familias. De acuerdo con la Encuesta Nacional a Madres y Padres de Familia ECR-Áltica 2025, uno de cada tres hogares con hijos en escuelas públicas destina entre 2,001 y 5 mil pesos mensuales por estudiante, principalmente en uniformes, traslados y materiales.
En general, 51% de las familias mexicanas gasta entre mil y cinco mil pesos al mes por hijo, incluso cuando están inscritos en escuelas públicas. Este desembolso equivale a casi la mitad del salario mínimo mensual (8 mil 360 pesos).
La comunidad educativa no pide privilegios, sino condiciones mínimas de justicia y transparencia”, señaló Paulina Amozurrutia, directora de Educación con Rumbo.
Padres satisfechos… pero poco exigentes
La encuesta, levantada a 600 madres y padres en los 32 estados, también revela que 6 de cada 10 tutores se declaran satisfechos con la educación que reciben sus hijos, pese a que el país enfrenta rezagos en evaluaciones internacionales como PISA.
Especialistas advierten que esta satisfacción está desconectada de los aprendizajes reales, pues muchos padres no conocen los mínimos esperados para cada grado escolar. Además, 39% considera que su participación en la escuela no es tomada en cuenta, y apenas la mitad sabe si en el plantel de sus hijos existe un Consejo de Participación Escolar.
Suspensiones
Otro hallazgo preocupante es la frecuencia de suspensiones: 7 de cada 10 familias consideran que afectan el aprendizaje y 2 de cada 3 que complican la vida laboral y familiar. El 41% reporta al menos una o dos suspensiones al mes, principalmente por Consejos Técnicos.
En contraste, los padres reconocen el papel clave de los maestros: 8 de cada 10 califican como positiva la relación de sus hijos con los docentes, y 73% afirma que la confianza hacia ellos es decisiva para el aprendizaje.
En este contexto Educación con Rumbo y Áltica subrayaron que las familias quieren involucrarse más, pero requieren canales efectivos y horarios compatibles con su vida laboral. Por ello, exigieron a la Secretaría de Educación Pública instalar y acompañar los Consejos de Participación Escolar, reducir suspensiones injustificadas y abrir espacios de diálogo social.
FUENTE EXCELSIOR
