El número de víctimas y actos de corrupción en dependencias de Gobierno aumentó en el primer año de esta administración federal, aunque la percepción de la población adulta sobre este tipo de hechos se redujo, según los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental que se elabora cada dos años.
La tasa de prevalencia en esas situaciones ilícitas se incrementó de 14 mil 635 afectados por cada 100 habitantes, en 2017, a 15 mil 732, en 2019, al igual que la incidencia, la cual pasó, en el mismo periodo, de 25 mil 541 actos por la misma cifra de ciudadanos a 30 mil 456.
Mientras que la percepción por parte de la población urbana de 18 años y más sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de Gobierno se redujo de 91.1 % a 87 %, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Además, la entidad federativa con mayor tasa de prevalencia el año pasado fue Durango, con 25 mil 389 víctimas por cada 100 mil habitantes; le siguen la Ciudad de México (20 mil 690), Estado de México (20 mil 683), Quintana Roo (19 mil 946), Morelos (16 mil 396) y Guanajuato (16 mil 100).
A consecuencia de la corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades, el costo total de esas diligencias fue de 12 mil 770 millones de pesos, lo que equivale a 3 mil 822 pesos promedio por persona afectada.
Entre los estados que registraron las cifras más altas en este rubro se encuentran Yucatán, con 44.8 mil pesos por víctima; Coahuila, con 17.9 mil pesos; Chiapas, con 15 mil pesos; Querétaro, con 8.6 mil pesos; Nayarit, con 5.9 mil pesos; Puebla, con 5.3 mil pesos; y Guerrero, con 5 mil pesos.
El mayor porcentaje en experiencias de corrupción se reportó en el contacto con autoridades de seguridad, con 59.2 % de los casos; seguido de los trámites relacionados con permisos de uso de suelo, demolición o construcción, solicitudes de constancias de libertad de gravamen u otros trámites en el Registro Público de la Propiedad, con 25 %.
En tanto, las diligencias ante el Ministerio Público equivalen a un 24.8 %; las municipales, 22.2 %; los procedimientos en juzgados o tribunales, 16.4 %, mientras que los vehiculares, 15 %.
El Inegi explica que la cobertura y el alcance de esta encuesta contemplan solo actos de corrupción en actos relacionados con la vida cotidiana de los hogares y no de las actividades que permiten el desarrollo de las unidades económicas.
FUENTE EL SIGLO DE TORREON
