La Fiscalía General de la República (FGR) no cuenta con una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero.
El viernes pasado, la Cámara de Diputados aprobó quitarle la inmunidad procesal, lo que lo convirtió en el primer gobernador en perder el fuero.
Según fuentes judiciales, el Ministerio Público aún no judicializa las carpetas de investigación contra García por los mencionados delitos.
La FGR, dijeron las fuentes, esperará la determinación que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego de que el Congreso de Tamaulipas anunciara que interpondrá una controversia constitucional para que determine quien, si San Lázaro o el Congreso local, tiene la facultad para desaforar.
El Congreso de Tamaulipas, de mayoría panista, determinó que no procede la homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara contra el panista.
Reconoció a García Cabeza de Vaca en su calidad de gobernador constitucional de Tamaulipas, de ahí que debe seguir fungiendo en el cargo público para el que fue electo en 2016, por la voluntad de la mayoría de la ciudadanía de la entidad.
El Congreso tamaulipeco defendió su procedimiento con base en lo que establecen el artículo 111, párrafo quinto de la Constitución; el 28, párrafo segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y 44, párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Tamaulipas.
“Según estas disposiciones, cuando se trate de servidores públicos del ámbito local, corresponde en última instancia al Congreso del estado determinar si procede la homologación de la declaración de procedencia realizada por la Cámara y, en su caso, el retiro del fuero, ya que la declaratoria federal tiene un efecto puramente declarativo”.
Insistió en que al determinar que no hay lugar para homologar la declaración de procedencia federal, no podrá seguirse procedimiento alguno en contra del gobernador, ya que este conservaría el fuero. En caso contrario, y de considerar que sí se homologue la declaración federal, quedaría a disposición de las autoridades competentes.
Tras la decisión de la Cámara Baja, García Cabeza de Vaca acusó que se trata de un linchamiento político y penal orquestado desde el gobierno federal, por lo que consideró que “la ley en México vive días oscuros y no parece haber más justicia que la revancha de unos cuantos”.
“Quienes hemos sido oposición al actual Presidente desde hace años, una oposición apegada a la ley, a las instituciones, las reglas democráticas, somos ahora foco de la embestida gubernamental, porque este desafuero no se trata de vínculos con el crimen organizado, como falsamente se ha difundido, y tampoco se me acusa de pactar, proteger o dejar huir a un delincuente o a un capo”, reviró.
El panista indicó que “por ningún motivo me desafueran por enfrentar denuncias de violación a una mujer o por acoso sexual contra menores inocentes. No, de ninguna de estas cosas se me acusa”.
“La mayoría del partido en el gobierno me quiere desaforar y remover del cargo, por no haber pagado los impuestos de la compraventa de un departamento. Eso es todo. Por absurdo que parezca”, añadió.
Al respecto, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que en materia de juicio político y declaratoria de procedencia las resoluciones del Legislativo son inatacables.
Recordó que durante su desafuero, como jefe de Gobierno del Distrito Federal, López Obrador se presentó ante la Cámara y dijo: “Enfrento con firmeza las acusaciones. Hoy hay ausencia y, quizá, evasión del país”.
FUENTE EL UNIVERSAL
