Productores de sorgo de El Valle de San Fernando, demandan que la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural .SADER- obligue a los compradores de granos, que presenten garantías de solvencia económica, para garantizar pago de las cosechas que acopien en las bodegas de la región.
Lo anterior después que se han presentado varios casos de compras de sorgo cuyos propietarios se han declarado en quiebra para no pagar a los productores el resultado de su esfuerzo, hechos que han quedado en la impunidad.
Líderes del sector social señalaron que hay una “sospechosa complacencia” de funcionarios de la desaparecida ASERCA, que fueron documentados por los mismos productores, sobre los abusos sufridos y que no procedieron a sancionar a los dueños de las compras de granos fraudulentas.
Los acopiadores han encontrado la manera fácil de no pagar las cosechas de sorgo con tal solo declararse en quiebra, mientras que no pierden nada, porque ni siquiera sacan fianzas por la actividad que realizan, ni ponen de por medio ninguna garantía.
Destacaron que para seguir esquilmando a los productores del campo, los mismos acopiadores que no han pagado, simplemente abren en los ciclos siguientes las mismas “recibas” de sorgo a nombre de otras personas, aun cuando se trata de individuos reconocidos como trabajadores de los mismos defraudadores.
Para evitar que estos abusos se sigan repitiendo, pedirán que la SADER exija garantías a empresas y particulares interesados en la compra de sorgo durante la cosecha del ciclo temprano 2023, que comienza en las últimas semanas del mes de mayo, es decir dentro de algunas semanas.
Mencionaron que SADER es la dependencia facultada para aprobar el funcionamiento de las compras de sorgo que van a funcionar para la cosecha del ciclo agrícola temprano, por lo que están demandando que actué en el uso de sus atribuciones, obligando a los acopiadores a demostrar que son solventes y que el pago de las toneladas de sorgo que reciban, se encuentre garantizado.
Esto luego que a los productores de la región se les ha impuesto un sistema abusivo de pago, que consiste en parcialidades que van diluyendo el dinero que reciben por la producción de sus tierras.
A los productores sociales y privados, les pagan “en abonos” sus cosechas, aun cuando los acopiadores reciben las liquidaciones totales de los industriales, realizando un “jineteo” por varios meses, mientras que en un abuso mayor, han puesto de moda, prestar dinero a los agricultores con altos intereses, aun cuando el dinero que estos reciben en calidad de “favor”, es propiedad de los mismos hombres y mujeres del campo.