Tienen acaparados todos los terrenos municipios útiles para instalar maquiladoras

En San Fernando no hay terrenos municipales para la instalación de industrias maquiladoras, porque los más aptos, es decir los que cuentan con los servicios de electricidad y agua potable al menos, se encuentran acaparados e improductivos.
Aunque es el municipio territorialmente más extenso de todo el estado, con una superficie de 6 mil 091 kilómetros cuadrados, en la cabecera no se dispone de una reserva territorial para ofrecer a los inversionistas privados, terrenos para la instalación de maquiladoras.
Sin excepción, los terrenos rústicos que colindan con la cabecera municipal están acaparados desde hace décadas por particulares, que no les dan ningún uso y que en un buen porcentaje ni siquiera pagan los arrendamientos de manera puntual como se contempla en contratos suscritos, algunos de estos, hace más de 20 años.
Existen que tienen hasta 100 hectáreas o más propiedad del fundo legal del municipio en su poder, que han heredado por varias generaciones y que consideran como si fueran propiedades privadas, aunque no cuenten con escrituras ni con testigos documentales del pago de impuestos prediales o renovación de arrendamientos con la Presidencia Municipal.
Lotes de amplias dimensiones que colindan con la cabecera municipal y que podrían ser donados a empresarios para la instalación de maquiladoras, que se encuentran en poder de familias que plantean un estado de posesión pacífica y ordenada que les concede derecho a mantenerlos acaparados, traspasarlos o venderlos a terceras personas, aun sin ser los dueños legítimos.
Se trata de una de las causas que ha dificultado la instalación de maquiladoras en San Fernando, ya que la Presidencia Municipal no cuenta con terrenos para ofrecer a industriales, porque toda la superficie que pudiera ser útil se encuentra bajo un acaparamiento que no admite siquiera escuchar propuestas para hacer entender a los posesionarios que los terrenos pertenecen al fundo legal del municipio y que su uso es aplicable para causas de utilidad pública.