Los servidores públicos de los tres niveles de gobierno tienen como fecha límite el ultimo día del mes de mayo para actualizar su situación patrimonial, como parte de una obligación ineludible.
Esta disposición reza para todos los funcionarios de gobierno que ocupen puestos donde tienen a su disposición recursos humanos o materiales, que pudieran ser motivos de una aplicación incorrecta para beneficio de los propios servidores públicos.
Las declaraciones patrimoniales tienen como objetivo fungir como una radiografía de los bienes de los servidores públicos, al inicio de los cargos, durante su permanencia en los mismos e incluso al finalizar sus funciones, para establecer en comparación de los ingresos declarados, la congruencia con el crecimiento económico en bienes, dinero en efectivo, o también en el caso de venta de propiedades que disminuyan los patrimonios.
La omisión en este deber de los servidores públicos puede recaer en sanciones que van desde multas, separación de cargos y otras, por lo que es indispensable que a más tardar el próximo 31 de mayo, presenten sus respectivas declaraciones.
