Ciriaco Navarrete Rodríguez
En México surgió la muy esperada revolución que se presume que llevará a la cárcel a los voraces mexicanos corruptos cuyas grandes fortunas las amasaron a costa del empobrecimiento del pueblo, al que, como por arte de magia, lo mantienen convertido en un ente invisible, pero son tan descarados y soberbios que sin la menor decencia aseguran que sus riquezas son producto de que ellos llaman un honesto trabajo.
La población mexicana se calcula en unos 130 millones de habitantes, de los cuales solamente uno de cada 100 compatriotas son adinerados, por lo cual, a fuerza de ser realistas debemos calcular que solamente un millón y 300 mil compatriotas son personas adineradas y tienen totalmente asegurada la subsistencia de sus respectivas familias de manera indefinida.
Sin embargo, ahora que ya surgió la tremenda maquinaria barredora de la deshonestidad que trae consigo y está operando el gobierno del presidentes Andrés Manuel López Obrador, como decimos coloquialmente, es posible que no quede –títere con cabeza-.
Es cierto que es tan cuantiosa la corrupción, que en un Sexenio Presidencial es casi imposible acabar con ese cáncer que tanto daño le ha hecho y le sigue haciendo al pueblo mexicano del que casi todos los mexicanos somos parte.
Esa política barredora de la corrupción nacional que está haciendo el gobierno del presidente López Obrador, es buena, muy plausible y altamente apreciada por más de cien millones de mexicanas y mexicanos, pero también debo precisar que es jurídicamente incompleta.
Porque para que sea legalmente completa debe tener las bases constitucionales, a efecto de que sea soterrada totalmente en el panteón de la más funesta historia de México, y para lograrlo, es absolutamente indispensable que sea redactada una nueva constitución General de la República, pero con base en la concepción jurídica del modelo agrario de la pequeña propiedad de la tierra.
Y si el presidente López Obrador, en realidad aprecia la obra gubernamental que nos legó don Benito Juárez, al que con justicia califica -como el mejor presidente de México, entonces debe imitar la Constitución de 1857, porque fue redactada con apego al modelo agrario de la pequeña propiedad de la tierra, tipo granja, idéntico al norteamericano.
Para aquel entonces México había perdido la mitad del territorio, y tan vez a eso se debió, que el Congreso Federal, de acuerdo con el presidente Juárez, reformaron la Constitución de Apatzingán, que también fue demócrata porque el Congreso de Chilpancingo, por encargo del cura José María Morelos y Pavón, quien a la postre era el jefe máximo de la Guerra de independencia.
Por lo cual, se evidencia a eso se debió aquel acuerdo eminentemente democrático, sustentado en la pequeña y mediana propiedad de la tierra, para los efectos de concederle solidez jurídica -al derecho de la tenencia de la tierra-, tal como ya lo hecho los congresistas norteamericanos cuando redactaron su Carta Magna que pusieron, y que sigue en pleno vigor desde el año de 1789.
Con base en lo anterior, existe la posibilidad también el Congreso Federal que redactó la Constitución de 1857, acordó con el presidente Juárez, hacer la reforma de la Constitución de Apatzingán, con base en la pequeña propiedad de tierra, y así se eliminó la mediana, pero no se perdió la solidez jurídica de la tenencia de la tierra, y por eso tampoco fue cancelada la democracia constitucional.
En cambio, el Congreso Constituyente de Querétaro, cuya mayoría de los 218 legisladores, como eran de ideología bolchevique, cambiaron la base democrática correspondiente al modelo agrario de la pequeña propiedad de la tierra, porque adoptaron el correspondiente al Ejido y a la Propiedad, y de esa manera cancelaron la legitimidad de la propiedad territorial, y por, los mexicanos no tenemos en legítima propiedad ni el aire que respiramos.
Todas las explicaciones y aclaraciones constitucionales son imprescindibles para fortalecer jurídicamente a la legislación constitucional en vigor, pero si no se llevan a cabo, todos los esfuerzos sexenales que haga el presidente López Obrador, no podrán ser permanentes, y por eso, las y los mexicanos, corremos el peligro de regresar a las conductas de todos los políticos y gobernantes.
Lo igualmente importante es la necesidad de que el pueblo mexicano aplique su masiva y muy basta inteligencia para que entre todos le ayudemos al presiente López Obrador, con la finalidad que aplique su talento jurídico a efecto de que también entienda mis explicaciones, y seguidamente acuerde con el Poder Legislativo para que se ocupe de redactar una nueva Constitución que garantice la democracia verdadera.
Pero todas las y los legisladores deben poner todo su interés, empeño y determinación para la realización patriótica y plenamente democrática, con la finalidad suprema de que el pueblo mexicano salgamos de la maldita pobreza, tras recuperar la perdida solidez jurídica del derecho de la tenencia de la tierra, porque solamente así seremos propietarios legítimos de nuestras propiedades territoriales.
De lo contrario seguiremos sin ser dueños ni del aire que respiramos, tal como precisa en redacción tramposa, muy tramposa del Artículo 27 Constitucional, en el cual, está plasmada la legislación agraria mexicana.
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