Ciriaco Navarrete Rodríguez
El día 1 de Mayo de 1941, de lo cual ya hace 79 años por primera vez fue celebrado el día del trabajo; era el penúltimo año del ejercicio presidencial del Lic. Miguel Alemán Valdez, que en el año siguiente fue relevado en la presidencia de México por su paisano veracruzano Adolfo Ruíz Cortines.
Con anticipación se había reconocido el medito de los obreros, pero no con tanta relevancia como se hizo a partir de la fecha señalada, sin embargo ese reconocimiento que ha sido tan celebrado sólo se hacía con intenciones meramente electorales, porque así lo consideró el presidente Lázaro Cárdenas desde que fundó la CTM en el año de 1936.
Su primer dirigente cetemista fue el Lic. Lombardo Toledano, pero pronto se desentendió con el Gral. Cárdenas, que lo relevó con el mexiquense Fidel Velázquez, quien dirigió a la CTM hasta la muerte.
A partir del régimen del presidente Carlos Salinas de Gortari el sector obrero entró en decadencia, porque se evidenció el franco crecimiento de una nueva época en la que participaron los políticos de nuevo puño que se habían postgraduado en universidades extranjeras.
La entrada en vigor de esa nueva generación de políticos igualmente antidemocráticos como lo fueron sus antecesores, trajo consecuencias sangrientas como lo fue el asesinato del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio Murrieta, y tiempo después también fue asesinado el Lic. Francisco Ruíz Massieu.
Esos amargos antecedentes enturbiaron mucho las filas priistas, y de esos tiempos la celebración del día del trabajo pasó a ser una fecha sin trascendencia, porque se opacó tanto la grandiosa celebración del pasado, a tal grado que la propia legislación del trabajo pasó a ser una especie de letra muerta.
El sector obrero ha dejado de ser aquel fuerte bastión político que utilizaron todos los regímenes presidenciales y el Partido Revolucionario Institucional que también lo usó para destapar a sus diversos candidatos particularmente presidenciales, y de vez en cuando a los que buscarían la gubernatura, las diputaciones, las senadurías y hasta uno que otro, presidencia municipal.
Retomando el tema de la legislación laboral, debo señalar que a los obreros siempre se les ubicó como la clase asalariada, porque detrás de esa palabra que era considerada sagrada, se escondía el miserable salario mínimo con que se les pagaba cada día de trabajo a los empobrecidos obreros mexicanos.
Actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su mandato con una nueva concepción salarial, pero a fuerzas de ser realistas el salario mínimo sigue siendo insuficiente, porque no alcanza para que el obrero pueda sufragar los gastos de la subsistencia de él y su familia.
Esa realidad es la razón por la cual, nuestros compatriotas siguen emigrando hacia los Estados Unidos y Canadá, porque allá se cuenta con salarios suficientes para vivir decorosamente, y hasta les sobra dinero para enviar remesas mensuales a sus empobrecidas familias que residen en la República mexicana.
Por otra parte, esa forma de subsistencia no debería ser motivo de orgullo, sino más bien de vergüenza para todos y cada uno de nuestros gobernantes mexicanos, debido a que la causa de nuestra pobreza que está en constante crecimiento se debe a la carencia de democracia constitucional que nosotros padecemos.
Si hago referencia constitucional es porque nuestro modelo agrario ejidal y comunal, con base los cuales se redactó la Constitución de 1917 le niega solidez jurídica al derecho de la tenencia de la tierra, y por eso sólo el presidente de la República en turno se asume como presidente legítimo de todo el país, pero los mexicanos no somos dueños ni del aire que respiramos, porque aunque siempre se nos ha dicho que México es de los mexicanos, en realidad su único dueño legal es el jefe del poder ejecutivo federal.
En cambio en los Estados Unidos, que es nuestro vecino del norte y que es la nación creadora de la democracia verdadera, es público y notorio que los excesos presidenciales los puede frenar cualquiera de los jueces federales que se encuentran en las jurisdicciones estatales, pero que corresponden al fuero federal.
El presente análisis es eminentemente académico y jurídico, y de ninguna manera, con mi dicho me propongo a faltarle al respeto a nuestras autoridades gubernamentales, y mucho menos al jefe del poder ejecutivo federal, y más bien se trata de una convocatoria racional para que todos los mexicanos centremos nuestra atención en el formato constitucional que necesitamos para garantizar la paz social, la gobernabilidad, el desarrollo integral de la industria y el comercio, porque de esa manera abriremos un ancho campo al crecimiento del poder económico de los gobernantes y los gobernados, a efecto de asegurar el financiamiento de la educación, de la tecnología, de la ciencia, y de la cultura en su conjunto.
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